La transición mexicana a la democracia llegó a su fin. El viejo régimen, el régimen del presidencialismo sin fronteras, el régimen del partido sin competencia y elecciones sin garantías, el régimen sin crítica y escrutinio público, el régimen del Estado grande y la sociedad pequeña, ha quedado en el pasado.
En su lugar empieza a cobrar forma una presidencia acotada por las fronteras constitucionales, se ha levantado un sistema de partidos competitivo, se celebran elecciones libres, se despliega la libertad de expresión y emerge una sociedad más organizada y participativa, cuyos derechos marcan cada día más los límites del Estado.
El problema es que las transiciones a la democracia no entrañan necesariamente su eficacia y su consolidación: una cosa es arribar a la democracia y otra es construir un entramado institucional sólido y funcional que asegure la estabilidad del régimen democrático.
Que la transición concluyó es un hecho sobre el cual no se quiere polemizar con estas líneas: los partidos políticos compiten, ganan y pierden elecciones; los ciudadanos votan y sus votos deciden; la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones se ha instalado y domina el ambiente preelectoral, lo mismo en los comicios para la integración de los ayuntamientos que en las contiendas para la renovación de los poderes locales y federales; los medios de comunicación ejercen la crítica sin restricciones y una gran diversidad de voces se expresan con libertad; todos los cargos políticos están incluidos en el juego democrático, se disputan en las urnas. ¿No es esto la democracia?
Si se atiende a los criterios de calificación democrática de los más destacados estudiosos de los procesos de cambio político, México pasa la prueba. Juan Linz, por ejemplo, sintetiza su criterio al respecto en las siguientes condiciones: libertades políticas individuales, sistema de partidos competitivo, elecciones libres, inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático y sufragio universal. Así que ahora la cuestión es otra: después de la transición
El problema reside en que la joven democracia mexicana gira sobre el eje de un entramado institucional débil, obsoleto y atrofiado. La herencia institucional del régimen anterior arrastra muchísimos pasivos: instituciones resquebrajadas por el peso ilimitado del poder presidencial, procedimientos y mecanismos constitucionales oxidados por la falta de uso, grandes espacios de discrecionalidad, ineficiencias burocráticas, corrupción e impunidad, inercias centralizadoras, y costumbres, prácticas y arreglos al margen de la ley. No es que no haya activos. Lo que ocurre es que el balance arroja unos saldos francamente raquíticos, desde luego insuficientes para sostener una democracia estable. El reto hoy, en efecto, consiste en construir o fortalecer, según sea el caso, los cimientos necesarios para asegurar la estabilidad de la construcción democrática. ¿Por dónde empezar?
Las experiencias de este siglo muestran casos de transiciones exitosas junto con otros en los que un cambio político democrático no condujo a la construcción de una democracia estable, sino, por el contrario, a situaciones de aguda inestabilidad o a procesos involutivos de corte autoritario. ¿Qué factores permitieron el éxito de las transiciones que culminaron en democracias estables o, en sentido inverso, qué factores determinaron la inestabilidad o el derrumbe de las construcciones democráticas en los casos fallidos? Por encima de las características de cada país, la diferencia entre los casos donde la democracia se consolidó y los casos donde acabó por desplomarse ha residido sobre todo en la eficacia de los gobiernos democráticos.
No es casual que el caso paradigmático de las transiciones recientes, España, tenga en su haber una experiencia democrática fallida: la República fundada en 1931 y aplastada en 1939, luego de tres años de una cruenta guerra civil. De la experiencia se aprende, y en la España de los treinta, sin descontar otros factores, el derrumbe de la democracia se debió en gran medida a la inestabilidad e ineficacia de los sucesivos gobiernos democráticos. Por ello el reciente proceso español de transición y consolidación democrática puso el acento en las exigencias de estabilidad y eficacia de la democracia, con un éxito tan rotundo como envidiable.
La clave estuvo en el diseño del régimen constitucional. Fue una obra casi perfecta. La construcción democrática española fue posible gracias a dos actitudes que a primera vista pueden parecer contradictorias, la imaginación y la autor restricción de las partes, pero que en la práctica arrojaron una fórmula muy afortunada. La imaginación, porque frente a las arraigadas y singulares exigencias del regionalismo y del multiculturalismo del Estado español, los constituyentes fueron capaces de realizar un diseño original que asegurara un equilibrio entre la diversidad y la unidad necesarias. Y la autor restricción, porque frente a viejos agravios y viejas posiciones, la republicana, por un lado, y la anticomunista, por el otro, los actores políticos tuvieron la inteligencia de desechar los maximalismos y, en cambio, poner el acento en la articulación de los consensos mínimos. Parafraseando la voz de la rebeldía universal de los sesenta, se podría decir que con su transición los españoles llevaron no sólo la imaginación al poder, sino también la sensatez y la responsabilidad.
México es otro. Sin embargo, en muchos círculos políticos e intelectuales persiste la idea de que la transición continúa, o bien porque asocian su culminación con la imagen del gran momento fundacional, ligado a su vez con la derrota del PRI en elecciones presidenciales y, en el extremo, con su aniquilamiento, o bien porque la duración del proceso de cambio político los ha hecho rehenes del discurso de la transición como quien se hace rehén de sus rutinas hasta configurar con ellas un modus vivendi, mientras el país reclama el debate, los acuerdos y las decisiones necesarios para garantizar la eficacia y la estabilidad de nuestra incipiente democracia, así como el diseño, la elaboración y la ejecución de políticas públicas de largo aliento, montadas y legitimadas sobre la base de consensos mínimos entre los actores políticos.
Esta persistencia del discurso de la transición genera dos efectos muy negativos. Por un lado, condiciona el debate político e intelectual acerca de la consolidación de la democracia a la llegada del día esperado, al despertar democrático que deje atrás la larga noche del viejo régimen, cuando, frágil y todo, la democracia que se ha podido construir precisamente lo que requiere son el debate y los acuerdos que conduzcan a su eficacia y estabilidad. Y, por otro lado, al aplazar la negociación y los acuerdos que permitan fijar las condiciones para la consolidación de la vida democrática, acentúa los riesgos que entraña una democracia frágil, amenazada lo mismo por la inseguridad y la violencia criminal que se han adueñado de las calles, que por la incapacidad de definir y desarrollar políticas públicas que respondan a las demandas de la sociedad.
El espacio para un debate constructivo se ha reducido de tal modo y los obstáculos para la negociación y los acuerdos políticos se han elevado tanto que, fuera de la solución de las exigencias más inmediatas, la democracia mexicana en su breve vida no ha hecho mucho más que girar sobre el eje de los asuntos relativos a la competencia electoral, como dando vueltas a la noria. Y lo peor es que la ruta hacia las elecciones del 2000, lejos de prometer condiciones propicias para romper el círculo vicioso, anuncia la multiplicación de los obstáculos para un debate serio y para la construcción de consensos mínimos en torno a la gobernabilidad en democracia. ¿Cuáles deberían ser los ejes del debate y los consensos? Veo tres ejes fundamentales. El primero se refiere al diseño político-institucional del régimen democrático. El segundo se refiere a la legalidad. Y el tercero a las definiciones estratégicas sobre las políticas públicas del Estado.
Los partidos Políticos, el Partido Revolucionario Institucional y su relación con el Ejecutivo
Si la estabilidad y la eficacia del régimen postrevolucionario tuvieron como soportes el extraordinario poder presidencial y la imbricada red de arreglos políticos y prácticas clientelares al margen de la ley que, en forma arbitraria, lo mismo premiaban que castigaban, resulta evidente que en las definiciones para la sustitución de esos dos viejos soportes reside la clave para construir la estabilidad y la eficacia democráticas. Se podrá decir, con razón, que la competencia electoral y sus efectos en la composición de los órganos de representación política han acotado y seguirán acotando el poder presidencial, hasta ceñirlo del todo a sus límites constitucionales; eso está muy bien, y sin duda es un efecto virtuoso de la vida democrática, pero no resuelve la condición de la eficacia en democracia. Se podrá decir también, con buenos argumentos, que la pluralidad y la alternancia en el ejercicio del poder, al destruir el dominio exclusivo de un partido sobre el aparato estatal y someter al poder político al control y escrutinio públicos, están deshilando y acabarán por deshilar completamente la red de prebendas y complicidades que han hecho de la legalidad y la ilegalidad una cuestión de privilegios políticos o económicos; sin duda la pluralidad y la alternancia pueden acabar por desmontar los arreglos del viejo régimen, pero eso no resuelve la exigencia de fincar un Estado de Derecho efectivo, donde la aplicación de las leyes y el acceso a la justicia aseguren la eficacia del ordenamiento jurídico.
Los principales partidos de Oposición; características.
Antecedentes:
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX en México se había alcanzado un gran crecimiento económico, reflejado principalmente en las clases pudientes del país.
El régimen autoritario de Porfirio Díaz (1877-1911) fue terminado por el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Este movimiento buscaba una mayor igualdad en la repartición de tierras y de riquezas entre todos los segmentos de la población, incluyendo a las clases campesinas más desfavorecidas. La Revolución Mexicana instauró un documento federal conocido como la Constitución de 1917, de las más avanzadas en su tiempo, ya que contemplaba disposiciones de tipo social. Las contribuciones principales de esta Carta Magna son las “garantías individuales” y el rechazo absoluto a la reelección presidencial.
Los años posteriores a la Revolución Mexicana fueron de gran dificultad social y económica para el país y se presentaron varios movimientos subversivos contra el régimen político de los Estados Unidos Mexicanos. Los principales fueron: la rebelión delahuertista (1924); la rebelión de Serrano (1927) y la Guerra Cristera (1929).
La existencia de caudillos poderos y de pobreza generalizada en el país hicieron necesaria la definición de un frente político que evitara en lo sucesivo un nuevo levantamiento.
Fundación del PNR.
El General Plutarco Elías Calles invitó el 1ro. de Diciembre de 1928 a todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas de la República a unirse y formar un Partido Nacional Revolucionario. El 4 de Marzo de 1929 se fundó el PNR.
Este partido terminó con la anarquía imperante en México y le dio una estabilidad política al país. En lo sucesivo, la lucha por el poder se daría dentro del partido sin afectar al régimen político en funciones.
Creación del PRM.
El 30 de Marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas declaró formalmente la creación de la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Mexicana que sustituiría al PNR. El PRM inyectó una nueva orientación ideológica y sectorizó las bases de apoyo del partido, que hicieron surgir los sectores obrero, campesino y militar.
Nacimiento del PRI.
El 18 de Enero de 1946 se convocó a la Segunda Gran Convención del Partido de la Revolución Mexicana, que dio lugar a la transformación al Partido Revolucionario Institucional. El nuevo partido quedó constituido por los sectores agrario, obrero y popular y adoptó como el lema “Democracia y Justicia Social”
Principales Contribuciones del PRI.
De acuerdo a la información publicada por el partido, las principales contribuciones del PRI al país son: un crecimiento sostenido del 6% después de la Segunda Guerra Mundial; el impedimento de golpes de estado y la garantía desde 1946 de un régimen civil; la reforma agraria; la educación gratuita para todos; la protección de los derechos de los trabajadores y la justicia social.
El PRI ha manifestado que su estancia de 70 años en el poder no ha sobrevivido por un régimen autoritario, sino porque “refleja la fuerza y la debilidad, las virtudes y los defectos de los propios mexicanos: combinan un sentido ritualista de lo jerárquico con una enorme capacidad de negociación”.
Antecedentes de la formación del PAN.
En 1935 el país atravesaba una gran crisis económica y el PNR organizó a las clases obreras y campesinas dentro de los sectores del partido, para mediatizar su acción.
Este movimiento hizo surgir grupos opositores al régimen político.
Manuel Gómez Morín trató de reunir a las personas con ideologías opositoras del país para formar un nuevo partido político, bajo una sólida doctrina y un principio rector: el establecimiento en México de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia.
Fundación del PAN.
El 16 de Septiembre de 1939, la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional adoptó los Principios de Doctrina y los Estatutos de la nueva organización.
El pensamiento del PAN ha sido denominado Humanismo Político, el cual está basado en el realismo moderado de la filosofía aristotélico-tomista y que tiene como elementos centrales los siguientes:
Persona Humana. El ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales.
Bien Común. Conjunto de valores morales, culturales y materiales que serán conseguidos mediante la ayuda recíproca de los hombres, para mejorar la convivencia y el desarrollo de la persona.
Solidaridad. Se basa en la vinculación de la persona-sociedad e implica entre éstas un respeto recíproco.
Política. Capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad; y no como oportunidad de dominio sobre los demás.
Democracia. Fundada en la igualdad esencial de todos los seres humanos.
Antecedentes del PRD.
Dentro del PRI surge un movimiento de tipo democrático que postula que para llevar realmente la democracia al país es necesario iniciar en casa, es decir, que deben darse las condiciones necesarias para que la voluntad de las mayorías afiliadas dentro del partido se vea justamente representada. Propone también un cambio en las políticas económicas de México para evitar la sujeción al Fondo Monetario Internacional. Este movimiento no es bien recibido y fuerza a sus simpatizantes a desprenderse del partido oficial.
El principal dirigente de este movimiento es el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, el cual busca apoyo en las organizaciones de izquierda socialista del país para unir fuerzas y crear un nuevo partido político. Los grupos que ofrecen apoyo al Ing. Cárdenas son, entre otros: El Partido Mexicano Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México, la Coalición de Izquierda y el Movimiento de Acción Popular.
Fundación del PRD.
El 5 de Mayo de 1989 tuvo lugar la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Democrática.
El partido propone restaurar la República al fundar las instituciones en una cultura de política de libertad, racionalidad y tolerancia; y terminar con el régimen caduco del privilegio y la injusticia, del partido del Estado y el corporativismo, de la dependencia y la corrupción.
A partir de entonces, se le ha ubicado en el centro izquierda, identificado con las tendencias populistas, por sus políticas de carácter “social”, y su constante apoyo a los más “desfavorecidos”.
La alternancia en diversos estados de la República y en el Distrito Federal.
El salto ha sido enorme. Sus efectos sobre el mapa de la distribución del poder político constatan sus alcances, mientras en 1982, de un total de 3,479 cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia, el Congreso, las gubernaturas, los congresos locales y las presidencias municipales, el PRI ocupaba el 91%, para 1997 ya sólo contaba con el 54%. Actualmente, más del 40% de los municipios son gobernados por algún partido distinto del PRI; de las treintaidós entidades federativas, el PAN gobierna seis y el PRD cuatro, entre las cuales está la capital de la República; y en el ámbito federal el PRI no cuenta ya con su histórica mayoría en la Cámara de Diputados.
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